Estos días todos sufrimos la escalada de precios de la energía. Y pueden subir incluso más. El recrudecimiento de las guerras en Ucrania e Irán, y nuestra dependencia de importaciones de combustibles fósiles, amenazan con disparar el precio de la gasolina, el diésel y el gas a nuevos récords este invierno.
En esta tesitura, el Gobierno se ha anticipado con un paquete de medidas que incluyen bonificaciones de hasta 20 céntimos por litro a los combustibles. A priori, esta medida debe de suponer un alivio para las familias del país. Pero no es así. Un descuento universal a los carburantes es una medida regresiva, contaminante e ineconómica que empeora la situación para la mayoría.
En primer lugar, la bonificación de los carburantes es una política fiscal regresiva porque, de media, los más ricos consumen más combustibles, y por tanto se benefician más de la bonificación. Se penaliza a las personas responsables ambientalmente y a los más pobres que ni siquiera tienen coche, porque todos los recursos que se destinan a sufragar combustibles no se destinan a la educación, a la sanidad ni al transporte público.
Además, una parte de la bonificación beneficiará directa o indirectamente las grandes multinacionales petroleras. Tan solo ocho de estas empresas ganaron más de 93.000 millones de dólares en el último trimestre, casi el doble que el mismo período del año pasado, a costa de precarizar las economías familiares y sacrificar la salud del planeta. Repsol ha sido de las empresas que más se ha lucrado, aumentado sus beneficios un 207%. Parte de estas ganancias extraordinarias se reinvierten en la exploración y extracción de más combustibles fósiles, otra son beneficios para los accionistas, y otra a actividades de lobby para frenar políticas climáticas.
En segundo lugar, esta bonificación incentiva el consumo de combustible y manda una señal que los combustibles fósiles tienen apoyo político del Gobierno, normalizando su consumo socialmente. Dando más poder a las petroleras, y normalizando un modelo energético fósil, estamos empeorando nuestra dependencia energética del exterior. Con un 69% de la energía que consumimos proveniente del exterior somos muy vulnerables a shocks globales. La bonificación al carburante alimenta esta vulnerabilidad y refuerza nuestra dependencia de petroestados autoritarios.
En tercer lugar, el motivo más importante, y el más olvidado, es que quemar combustibles fósiles socializa los costes climáticos del consumo privado a toda la población mundial, contribuya más o menos a la crisis climática. Un estudio de Nature calcula que cada tonelada de CO2 emitida hoy va a causar daños económicos de 875€ de aquí a 2100. Esto significa que cada litro de diésel supondrá un coste de 1.92€ en pérdidas por sequías, inundaciones, o incendios forestales que sufrimos ya con especial virulencia en España.
Según la Comisión Europea, España ha perdido 120 mil millones de euros, el 7.5% del PIB, entre 1980 y 2020 por causa de fenómenos extremos. En el campo, las cosechas de aceitunas y cereales están sufriendo pérdidas millonarias por las olas de calor de este verano. Estas pérdidas se traducirán en una subida del precio de alimentos básicos que afectará sobre todo los bolsillos de las clases menos pudientes. Subvencionar los combustibles fósiles, causalmente, sube la inflación a largo termino y no alivia sino precariza la situación económica estructural de la mayoría. Diésel para hoy, hambre para mañana.
La economía necesita soluciones estructurales, progresivas, duraderas y sostenibles, y la bonificación de combustibles tan sólo empeora la situación. Esto no debe implicar dejar de lado las necesidades urgentes de la mayoría en este momento de crisis de precios. Pero el Gobierno tiene a su alcance mejores herramientas para combatir la emergencia climática y la inflación con políticas fiscales progresivas. En la parte del gasto, el Gobierno podría rebajar aún más las tarifas del transporte público local y regional, o incluso proveerlo como un servicio universal gratuito, aumentando la calidad y frecuencia del servicio. También se podría financiar el aislamiento térmico de viviendas para rebajar los costes de aclimatación de las familias, mejorar el confort y reducir el consumo energético. Para bajar la inflación, se podría también subvencionar alimentos básicos producidos nacionalmente con bajas emisiones.
Todo esto y más se podría financiar con medidas impositivas diseñadas para asegurar que el que más contamine más pague. España debe cumplir su compromiso de eliminar todos los subsidios a los combustibles fósiles, que ahora se sitúan en el 0.4% del PIB. El Gobierno debería introducir un impuesto especial sobre los beneficios de empresas fósiles cómo Repsol para que, por lo menos, no se lucren a costa de las guerras, la inflación, y la crisis climática. También se podría desincentivar la extracción de combustibles fósiles grabando las inversiones en proyectos o empresas de petróleo y gas. Desde 2021, tan solo Santander, BBVA y La Caixa han invertido 103 mil millones de euros en combustibles fósiles.
En 2022, António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, lanzó una advertencia: «La humanidad circula con el pie en el acelerador a toda velocidad hacia el infierno climático». Para quienes han enterrado a una familiar víctima del calor extremo, han visto arder sus hogares, o han perdido sus cosechas este verano, el infierno climático ya no es un concepto abstracto. Ha llegado el momento de pasar de la retórica a la acción. Necesitamos pisar el freno con políticas climáticas redistributivas que eliminen los combustibles fósiles de nuestras vidas.
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